Nuevo documento de Estudios de Progreso (EP57/2010): Democracia participativa, sociedad civil y espacio público en la Unión Europea

Estudios de Progreso cierra el año 2010 presentando el documento EP 57/2010: Democracia participativa, sociedad civil y espacio público en la Unión Europea. Algunas propuestas para el desarrollo del artículo 11 TUE del Tratado de Lisboa, por Luis Bouza García, de la Universidad Robert Gordon de Aberdeen.

Todavía sabemos poco acerca de los mecanismos concretos mediante los cuales estas organizaciones contribuyen al funcionamiento democrático de la UE. Este documento contribuye al estudio de este proceso analizando las estrategias de acción y los discursos de las organizaciones de la sociedad civil europea sobre la democracia participativa en la UE. La principal conclusión del ensayo es que el adecuado desarrollo del nuevo artículo 11 TUE, y en particular su última sección (11.4), puede ayudar a que la deliberación que se produce entre especialistas y elites sobre cuestiones europeas se extienda hacia los espacios públicos generales. En este sentido, el estudio señala que el uso por parte de la sociedad civil organizada a nivel europeo de los nuevos mecanismos introducidos por el Tratado de Lisboa puede contribuir a democratizar los debates europeos.

Para hacer frente a este riesgo y para maximizar el número de iniciativas, este estudio recomienda:
• Que la Comisión establezca como práctica la presentación de todas las iniciativas recibidas, incluidas aquellas con las que no esté de acuerdo.
• Analizar en el momento de su registro si las iniciativas cumplen con los requisitos de admisibilidad del artículo 11 del Tratado para evitar que algunas que pudieran ser
exitosas tengan que ser rechazadas por motivos formales.
• Ofrecer las siguientes facilidades:
– Reducir el número de Estados miembros de los que deben provenir las firmas.
– Reconocer el papel del comité organizador de la iniciativa: otorgándole el derecho a presentarla ante el Parlamento y el Consejo, dándole ayuda para la traducción de los documentos de la campaña, facilitándole apoyo jurídico para identificar la base legal y compensándole financieramente por el coste de las campañas que consigan fomentar el debate entre los ciudadanos.

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