75 profesores de Derecho escriben a Obama para que frene la firma del ACTA

Desde hace unas semanas se han incrementado en Estados Unidos las dudas y los rumores sobre discrepancias en la Casa Blanca respecto a la compatibilidad legal de ACTA con la legislacion de Estados Unidos. Esta carta firmada por prestigiosos profesores de Derecho confirma esa ilegalidad. Entre los firmantes figuran Lawrence Lessig o Michael Geist y algunos de los profesores más prestigiosos de algunas de las más destacadas universidades norteamericanas.

Los 75 firmantes hacen valer su dedicación académica y recuerdan que esta dedicación les obliga a debatir en torno a la leyes y políticas públicas pero sobre todo a estudiarlas e intentar comprenderlas. A partir de ahí le expresan al presidente Obama su profunda preocupación por como la Administración de EE.UU está negociando un acuerdo internacional de gran alcance sobre propiedad intelectual en el más absoluto de los secretos, sin más participación que la de los grupos de interés que pueden beneficiarse de ACTA. Llegó el momento de dirigirse directamente al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama:

    Su Administración se comprometió a cambiar la forma en que se trabaja en Washington. Usted se comprometió con la transparencia y la Ley de Libertad de Información. Usted prometió que las decisiones importantes se tomarían a la vista del público, y no como el resultado de acuerdos secretos ocultados al pueblo americano.

Pero la negociación del ACTA se ha llevado a cabo a puerta cerrada. La poderosa Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) ha estado involucrada en las negociaciones relativas a ACTA durante varios años y diversos borradores y documentos han circulado entre los negociadores desde el inicio de las negociaciones. A pesar de ello, la primera publicación oficial de un borrador se llevó a cabo en abril de 2010. Y después de eso la USTR no ha impulsado una consulta pública.

Peor aún, en todas las reuniones posteriores EE.UU. ha bloqueado la publicación de texto actualizado. Los EE.UU. a menudo ha actuado solo en la prohibición de la publicación del texto revisado, en contra de la opinión de la mayoría del resto de interlocutores. Debido a que las negociaciones han operado en la base del consenso, el voto (y veto) de EE.UU. contra la transparencia ha sido determinante. Ahora le pegan duro:

    Este grado de secreto es inaceptable, imprudente, y directamente socava sus repetidas promesas de apertura y transparencia. (…) Su Administración ha permitido que la mayor parte del debate público que haya basado en el mejor de los casos en rumores y especulaciones.

Los profesores universitarios le recuerdan a Obama que ACTA es un acuerdo comercial que establece una serie de nuevas normas internacionales que rigen la propiedad intelectual, el G-8 lo calificó de “nuevo marco internacional.” Es por eso que en la carta se denuncia la gravedad que supone que a la USTR haya jugado con la opinión pública, unas veces por sugerir- lo han denunciado en público y privado destacados miembros del propio Partido Democráta – que se estaban negociando aspectos vitales para la “seguridad nacional” o especialmente sensibles – para jutificar el secretismo – y ahora, con toda la cara del mundo, quitando importancia al poder vinculante del acuerdo. Kirk y su capacidad para engañar.

Ojo con él. Por cierto, nos cuentan que a los chinos los levantó de la mesa y ya nunca volvieron. La personalidad política del Super-Representante Comercial de los Estados Unidos, el “jefe” de la USTR, es vital – y lo va a ser – en todo “esto”.

Ron Kirk, un tejano de 54 años de edad, fue el primer alcalde afroestadounidense de Dallas. Ha ejercido con gran éxito como abogado privado y cabildero corporativo. Dejamos al lobbista y volvemos con los profesores que han escrito al presidente, en términos muy duros. Véase:

    La determinación de su Administración en ocultar ACTA a la opinión pública crea la impresión de que es precisamente el tipo de acuerdo que se negocia entre bastidores por los grupos de interés especiales – llevadas a cabo en este caso en nombre de un pequeño grupo de productores de contenido de EE.UU., y sin la aportación significativa de la opinión pública – que tan a menudo se opuso públicamente.

La carta pone especial hincapié en la posible incompatibilidad legal de ACTA (pdf) con las leyes de EE.UU. Es evidente que el acuerdo podría usurpar la autoridad y potestad competencial del Congreso sobre la política de propiedad intelectual. Algunas de las disposiciones del ACTA no incorporan explícitamente la actual política del Congreso, un hecho que califican de muy grave.

El acuerdo efectivamente se interpone sobre el trabajo legislativo, por ejemplo en el ámbito de las obras huérfanas, la reforma de patentes, la extensión penal por al polémico concepto de “lucro indirecto”, la creación de incentivos para la innovación en áreas donde el sistema de patentes puede no ser adecuada, y algo vital que casi sonroja tener que escribirlo: el impacto de ACTA sobre las sentencias judiciales. Todo eso sin contar con el Congreso y el Senado de los EE.UU. Los académicos y profesores no salen de su asombro e indignación, pero guardan las formas. Lo justo.

Más, mucho más, cuando los 75 han entendido que la firma de ACTA puede ser inconstitucional ya que, entre otras cosas, “señor Presidente, no le corresponde tomar a Ud. la decisión”, le vienen a decir. Aquí le ofrecen una lección de Derecho Constitucional:

    El Presidente de los EE.UU sólo podrá sancionar acuerdos ejecutivos que están dentro de su autoridad constitucional. El Presidente no tiene autoridad constitucional independiente sobre la propiedad intelectual o la política de comunicación, el núcleo central de ACTA. Por el contrario, la Constitución da autoridad primaria sobre estos asuntos al Congreso, que se encarga de hacer las leyes que regulan el comercio exterior y la propiedad intelectual. Señor Presidente: ACTA no debe seguir desarrollándose sin la supervisión del Congreso.

La USTR – la mala de la película – ha insistido en que las disposiciones del ACTA son de mero trámite y no vinculantes.

    Estas afirmaciones son simplemente falsas.

Sin dudarlo han respondido los 75 profesores universitarios. Que además le recuerdan a Obama que otros 100 expertos internacionales de la propiedad intelectual de los seis continentes se reunieron en Washington, DC en junio de 2010 para analizar el impacto de ACTA en una gran cumbre a la que asistieron más de seiscientos especialistas en derecho internacional o/y mercantil y ONG´s que coincidieron en el diagnóstico: ACTA amenaza el interés público.

Las cosas bien hechas señor presidente, esto es una democracia. Por eso recuerdan a Obama que ni académicos ni otros expertos independientes en propiedad intelectual han tenido tiempo suficiente para analizar el texto actual y es poco probable que lo hagan al no existir un foro público abierto para presentar dicho análisis. En lugar de crear un foro, la USTR ha publicado el texto acompañado por el anuncio de que las negociaciones están terminadas y el plazo para comentarios del público, que nunca fue concedido en primera instancia, también.

    Esto no es lo que se espera de su Administración. Sabemos lo suficiente para saber que las disposiciones del ACTA son de gran interés para el público en general, ya que afectan a una amplia gama de intereses públicos y pueden modificar el derecho sustantivo que rige en los EE.UU.. Está claro que, antes de proseguir las negociaciones sobre el ACTA el Congreso debe actuar.

    Nos preocupa (además) que el propósito que anima ACTA esté siendo intencionadamente tergiversado al pueblo estadounidense. El tratado se denomina el “Anti-Counterfeiting Trade Agreement”, pero tiene poco que ver con la falsificación o el control del comercio internacional de mercancías falsificadas. Por el contrario, este acuerdo establece nuevas reglas de propiedad intelectual sin una investigación sistemática sobre los efectos de tal desarrollo en materia económica y la innovación en los EE.UU. o en el extranjero. Estas normas afectarán a casi todos los estadounidenses y deben ser objeto de un amplio debate público.

    Nuestra conclusión es simple: Cualquier acuerdo de este alcance y consecuencia debe basarse en un proceso en una consulta pública, amplia y significativa de la opinión pública. Por las razones detalladas anteriormente, las negociaciones del ACTA no cumplen con esta norma (básica). Si bien no se puede retroceder en el tiempo, usted todavía tiene la oportunidad de permitir la participación pública, incluso en esta fecha tan tardía. En consecuencia, le hacemos un llamamiento para que se dirija a la USTR para que ponga fin en su apoyo público al texto del ACTA que debe estar sujeto previamente a un proceso de participación significativa que puede influir en la forma que toma el acuerdo en el futuro.

En concreto los firmantes de la “Carta de los 75” le hacen una serie de breves propuestas pero muy concretas y claras al Presidente. Se deberían tomar ya le ruegan. Todas pasan por dar la “orden” a la USTR para que comunique a los negociadores de otros países que los EE.UU. no van a firmar ACTA antes de la celebración de un proceso de participación pública y una nueva ronda de negociaciones oficiales donde se fomentará la participación de los ciudadanos. Además le piden que EE.UU renuncie a la idea de “firmar” o negociar ACTA menoscabando la autoridad del Congreso para modificar las leyes de propiedad intelectual.

Por último le sugieren al Presidente de los EE.UU que considere la posibilidad de reformar la comisión de asesoramiento (ITAC) de la USTR y proponen un nuevo lenguaje y la la participación abierta, transparente e incluyente de las Organizaciones Intergubernamentales (OIG) y las ONG de acuerdo con los principios y recomendaciones aprobadas por la OMPI.

Firmado,

Brook Baker
Northeastern University School of Law

Derek E. Bambauer
Brooklyn Law School

Mark Bartholomew
University at Buffalo Law School

Barton Beebe
New York University School of Law

Yochai Benkler
Harvard Law School

Heidi Bond
Seattle University

Denis Borges Barbosa
Catholic University, Rio de Janeiro

James Boyle
Duke University School of Law

Annemarie Bridy
University of Idaho School of Law

Dan L. Burk
University of California, Irvine

Diane Cabell
Berkman Center, Harvard University

Michael A. Carrier
Rutgers Law School-Camden

Michael Carroll
American University Washington College of Law

Colleen Chien
Santa Clara University School of Law

Andrew Chin
University of North Carolina School of Law

Margaret Chon
Seattle University School of Law

Susan Crawford
Cardozo Law School

Prof. Michael Davis
CSU College of Law

Alexander S. Dent
The George Washington University

Alex Feerst
Stanford Law School Center for Internet & Society

William Fisher
Harvard Law School

Sean Flynn
American University Washington College of Law

Dave Fagundes
Southwestern Law School

Jon M. Garon
Hamline University School of Law

Michael Geist
University of Ottawa School of Law

James Gibson
University of Richmond

Shubha Ghosh
University of Wisconsin School of Law

Debora J. Halbert
University of Hawai`i at Manoa

Robert A. Heverly
Albany Law School of Union University

Cynthia Ho
Loyola University of Chicago School of Law

Dan Hunter
New York University School of Law

Peter Jaszi
American University Washington College of Law

David R. Johnson
New York Law Schoo

Amy Kapczynski
UC Berkeley School of Law

Alex Leavitt
Massachusetts Institute of Technology

Lawrence Lessig
Harvard Law School

David Levine
Elon University School of Law

Jake Linford
Florida State University College of Law

Michael J. Madison
University of Pittsburgh School of Law

Mark McKenna
Notre Dame Law School

Hiram Meléndez-Juarbe
University of Puerto Rico Law School

Gabriel J. Michael
The George Washington University

Viva R. Moffat
University of Denver College of Law

Michael R. Morris
University of Edinburgh

Tyler Ochoa
Santa Clara University School of Law

Kevin Outterson
Boston University

Dr Luigi Palombi
Australian National University

Frank Pasquale
Seton Hall School of Law

Malla Pollack
co-author, Callmann on Unfair Competition, Trademarks, and Monopolies
(formerly Univ. of Idaho)

Kenneth L. Port
William Mitchell College of Law

David G. Post
Beasley School of Law, Temple University

Srividhya Ragavan
University of Oklahoma College of Law

R. Anthony Reese
UC Irvine School of Law

Jerome H. Reichman
Duke Law School

Betsy Rosenblatt
Whittier Law School

Patrick S. Ryan
University of Colorado at Boulder

Pam Samuelson
UC Berkeley School of Law

Jason M. Schultz
UC Berkeley School of Law

Susan K. Sell
The George Washington University

Wendy Seltzer
Princeton Center for Information Technology Policy

Jessica Silbey
Suffolk University Law School

Brenda Reddix-Smalls
North Carolina Central University School of Law

Christopher Sprigman
University of Virginia School of Law

Elizabeth Stark
Yale University

Katherine Strandburg
New York University School of Law

Talha Syed
UC Berkeley School of Law

Deborah Tussey
Oklahoma City University School of Law

Jennifer M. Urban
UC Berkeley School of Law

Jonathan Weinberg
Wayne State University

Darryl C. Wilson
Stetson University College of Law

Jane K. Winn
University of Washington School of Law

Peter K. Yu
Drake University Law School

Diane L. Zimmerman
New York University School of Law

Jonathan Zittrain
Harvard Law School

Con Copia a:

Max Baucus (Montana)
Chuck Grassley (Iowa)
Gary Locke
Hillary Clinton
Cameron Kerry
Geovette E. Washington
Quentin Palfrey
Andrew McLaughlin,
Phil J. Weiser
Alan Hoffman
Victoria Espinel
Lisa García
Miriam Sapiro
Daniel Weitzner
Marc Berejka
David Kappos

Texto consolidado sobre el acta