Acceso a la información y periodismo

Por Fidela Navarro

¿Tenemos una opinión pública en México mejor informada por los medios tras la aprobación y uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental? ¿En qué medida han utilizado los periodistas las leyes de acceso a la información pública gubernamental?¿Cuál es el beneficio para la sociedad democrática?

No existen respuestas categóricas o cerradas pero sí podemos afirmar que tenemos más claros muchos principios, derechos y posibilidades de mejora, y que también tenemos resultados concretos. Al mismo tiempo, hemos encontrado y delimitado nuevos caminos políticos, sociales y profesionales que pueden llevarnos a mejores estándares y calidad de vida.

Hace casi ocho años que México cuenta con una Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental(1)  que se cabildeó, negoció y aprobó contra todo pronóstico. También contra todo pronóstico, en este corto periodo de tiempo se han aprobado 33 leyes de acceso a la información en el país, un sinnúmero de reglamentos municipales en la materia, tres decenas de organismos garantes de este derecho y se ha reformado el artículo sexto constitucional con el propósito de garantizar condiciones mínimas que aseguren el derecho que tiene toda persona para acceder a la información pública. El dictamen de reforma reconoce este derecho como una garantía fundamental de los individuos frente al Estado mexicano en todos sus niveles, poderes, órganos y entidades, y busca propiciar que la federación, los estados y los municipios modifiquen sus leyes para evitar las asimetrías en el ejercicio de este derecho.

El proceso de reforma también es un reconocimiento al éxito que ha tenido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. El caso mexicano, que cumple con los estándares internacionales al respecto, se ha convertido en ejemplo para los países latinoamericanos.

Siempre perfectibles y a pesar de los funcionarios públicos reticentes a la transparencia, las leyes mexicanas han permitido que la ciudadanía esté actualmente mejor informada que hace años. Periodistas, académicos, abogados, empresarios y ciudadanos en general acceden ahora a información que antes estaba oculta.

Según el VI Informe del IFAI correspondiente a 2008 presentado al Congreso de la Unión (2), se presentaron 105 mil 250 solicitudes, lo cual representó un aumento del 11.1% respecto a 2007, mientras que la cifra acumulada de [estas fue de 372 mil 142 solicitudes. El sector que más la utilizó fue el académico, seguido del empresarial y del gubernamental. Los recursos de revisión y los amparos han aumentado, es decir, que el ciudadano ya no se conforma con una respuesta inicial, sino que agota todas las vías a su alcance para obtener la información que solicita.

En 2008, además, 66% de las personas encuestadas manifestó conocer la Ley Federal de Transparencia, mientras que 54% reconoció saber de la existencia del IFAI.

Se ha generado y creado –y se sigue consolidando– lo que se pretendía: una cultura del derecho a la información. Los ciudadanos saben que tienen el derecho y los funcionarios que tienen el deber.

¿En qué medida los periodistas utilizan las leyes de acceso?

Los periodistas se sitúan en el cuarto lugar de solicitantes, por detrás del sector académico, empresarial y gubernamental. Los solicitantes de información del ámbito académico concentraron 31.5% de las solicitudes realizadas; los del sector empresarial representaron 17.8%; los del medio gubernamental, realizaron 11.8% de las solicitudes de información y los medios de comunicación presentaron 8.9% de las mismas.

Sin embargo, hay que tomar con cautela las cifras, ya que al realizar las solicitudes no es obligatorio indicar la ocupación, por lo que muchas podrían haberse realizado sin notificarlo, de forma anónima o con seudónimo. En principio no debería influir la identificación del solicitante a la hora de que el periodista realiza la solicitud, pero en la práctica esto puede ocurrir para bien y para mal.

¿Cómo ha impactado el uso de la ley en el ejercicio periodístico?

Resulta evidente que cada vez hay más noticias, reportajes y libros escritos por periodistas cuyos datos son conseguidos mediante las leyes de acceso. La obtención de información antes oculta y de publicación impensable es ahora una realidad y por tanto una posibilidad profesional. Las leyes de acceso son ya parte de las herramientas cotidianas de los periodistas. El fenómeno es más notable en los medios del Distrito Federal de corte nacional, probablemente por los alcances de las informaciones y por la centralización de la administración pública y de los propios medios.

El Sistema de Solicitudes de Información –recientemente mejorado como Infomex–  permite realizar las consultas de forma electrónica, facilita mucho el proceso, lo que no ocurre en todos los estados. Al menos 20 de ellos no cuentan con una página de trámite de solicitudes que figure en la Web del gobierno del estado, según datos aportados por la Asociación Libertad de Información-México hace unos meses.

Aunque no existe ninguna relación jurídica entre el derecho de acceso a la información y el ejercicio periodístico, lo cierto es que social y culturalmente se registran cambios entre el quehacer informativo y sus fuentes de información pública. La apertura de éstas impulsa un cambio en las formas y los modos de ejercer el periodismo en beneficio del público. Se ha iniciado así el tránsito de un ejercicio periodístico fundado en el quién a un periodismo basado en el qué, más minucioso, de datos y fuentes claras.(3)  Actualmente, la prensa mexicana todavía sigue en la tradición del periodismo de declaración, pero cada vez se observa una mayor voluntad de mejora.

Los factores más difíciles de superar a la hora de realizar un periodismo de investigación basado en el uso de las leyes son varios. En primer lugar, el desconocimiento de las mismas leyes y por lo tanto del potencial que representan; en segundo lugar, una desconfianza hacia la transparencia institucional y a la gestión de los funcionarios, lo que a veces es una postura  muy cómoda y a veces displicente por parte de los periodistas, que no se esfuerzan de antemano; en tercer lugar, la capacidad para saber cómo formular la pregunta o solicitud (la forma clara, precisa y concisa, o las varias formas de tener que pregunta lo mismo); en cuarto lugar, la resistencia para agotar todas las vías para obtener la información (responder a las solicitudes de información adicional por parte de las instituciones, realizar pagos y recoger el material en ocasiones, solicitar recursos de revisión y amparo), y en quinto lugar, tener el apoyo del jefe del medio para tener el tiempo suficiente de investigación, puesto que la información no se consigue de un día para otro.

Lo positivo es que todas estas situaciones tienen solución. En primer lugar, las leyes cada vez son más conocidas y usadas. Están pasando los años de inicio críticos que según los expertos se necesitan para empezar a implementar y socializar las leyes (de cinco a ocho años); el derecho a la información es objeto de muchísimas campañas institucionales (la transparencia ha pasado de ser una obligación a una moda e incluso a un requisito de marketing político indispensable); es objeto de estudio en muchas universidades (las carreras de comunicación y derecho lo van incluyendo en sus planes de estudio); y los ciudadanos se están acostumbrando a conocer escándalos públicos basados en las investigaciones periodísticas que han utilizado la ley de acceso como recurso.

Lo que antes se intuía o se imaginaba, ahora se sabe con todo lujo de detalles. Por eso, los medios de comunicación y los periodistas en particular deben aprovechar el potencial de las leyes y dar muestra de sus beneficios. Las leyes no son la panacea ni la única herramienta para el periodismo de investigación, pero sí una importante y fundamental, que rompe los esquemas de las rutinas productivas basadas en consultas de datos y declaraciones. Por supuesto, toda investigación no es sencilla ni rápida; la información pública que se puede obtener requiere contexto, planificación y estrategia, formulación inteligente, análisis, así como sus mismos resultados.

Será necesario seguir fomentando la cultura democrática y de acceso, así como un periodismo más riguroso, independiente y responsable. En tal sentido, la apertura y las leyes de acceso se han sumado a los factores para la profesionalización periodística que se observa en los últimos años: aumento de carreras universitarias, conciencia y desarrollo de la autorregulación, mayor competencia periodística debido a la Internet y a la globalización, el reto de las nuevas tecnologías y la posibilidad ahora de tener un mayor pluralismo de medios y fuentes de información, si prospera la reforma encarada por el Grupo Plural del Senado.

Para fomentarlas, el IFAI, los institutos de transparencia de los estados y otras instituciones se han esforzado en los últimos años en organizar eventos informativos y en dar cursos y capacitaciones a los propios periodistas sobre el uso de la ley.

¿Cuál es el beneficio para la sociedad democrática?

La existencia de leyes de acceso no garantiza ni se traduce automáticamente en una democracia, mas es indispensable si ésta se pretende consolidar. Puede haber países con ley y no ser democráticos, pero no hay una democracia sin una buena ley de este tipo. (4) De igual manera, puede haber leyes de acceso a la información pública y no ejercerse un buen periodismo, pero no puede haber un buen periodismo sin información pública disponible como la que ahora existe en México.

En general, la sociedad ahora está más informada que antes, simple y llanamente porque ahora hay información gubernamental que es pública, y porque la ciudadanía ya es consciente de que tiene el derecho a informarse y a ser informada. En ese sentido, si los funcionarios se resisten a facilitar la información y los periodistas no se esfuerzan en agotar las posibilidades de la ley, es algo que cada vez es más difícil de disimular. Poco a poco se crean más ciudadanos con conciencia crítica, aunque la gran mayoría de la población todavía siga sin reaccionar por las secuelas del sistema autoritario y de los grandes monopolios mediáticos, que han intentado idiotizarlas históricamente. En este sentido, recordemos que fue la prensa escrita la que impulsó la creación de la ley, no la radio ni la televisión.

Se trata ahora de fomentar una ciudadanía comunicativa crítica y exigente, en un proceso de aprendizaje en el que confluyen las diferentes instituciones presentes en la sociedad.

Mexico necesita medios serios y creíbles y gobiernos transparentes, que proyecten en la ciudadanía niveles de confianza. La información es patrimonio público y elemento indispensable para que el ciudadano vuelva a creer en sí mismo como actor democrático. Usemos las leyes como ciudadanos y periodistas y contribuyamos a ello.

Directora de Innovación y Mejora Continua de PCTV

Notas

1) 11 de junio de 2002 (fecha de publicación).

2) <http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infH CU2008>.

3) Villanueva, Ernesto, en “El derecho de acceso a la información pública y el  papel de los medios en México”, págs. 98 a 103, de Juan Francisco Escobedo (coord..),  El cambio en la comunicación, los medios y la política, Universidad Iberoamericana, México, 2002.

4) Navarro, Fidela: Democratización y regulación del derecho de acceso a la información en México Fundap, México, 2004.